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Hoy en día es preciso revivificar el ideal democrático. En todo caso debe seguir siendo una de las principales prioridades de la sociedad, pues no hay otro modo de organización del conjunto político y de la sociedad civil que pueda pretender sustituir a la democracia y que permita al mismo tiempo llevar a cabo una acción común en pro de la libertad, la paz, el pluralismo auténtico y la justicia social.
La enseñanza de la tolerancia y del respeto a la otra persona, condición necesaria de la democracia, debe considerarse una empresa general y permanente. Sin embargo, la educación no puede contentarse con reunir a los individuos, haciéndoles suscribir valores comunes forjados en el pasado. Debe responder también a la pregunta “ vivir juntos y juntas ¿con qué finalidad? ¿para hacer qué?” y dar a cada persona la capacidad de participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad.
La preparación para una participación activa en la vida ciudadana se ha convertido en una misión educativa tanto más generalizada cuanto que en los principios democráticos se han difundido por todo el mundo. Cabe distinguir a este respecto varios niveles de intervención que, en una democracia moderna, deberían completarse mutuamente.
En una primera concepción, el objetivo es tan sólo el aprendizaje del ejercicio de la función social con arreglo a los códigos establecidos. La escuela básica debe asumir esta responsabilidad: el imperativo es el de la instrucción cívica concebida como una “alfabetización política“ elemental. Como ocurre con la tolerancia, esta instrucción no puede constituir una simple asignatura entre otras. Efectivamente, no se trata de enseñar preceptos en forma de códigos rígidos que pueden caer en un adoctrinamiento, sino de hacer de la escuela un modelo de práctica democrática que permita a los niños y niñas entender, a partir de problemas concretos, cuáles son sus derechos y deberes y cómo el ejercicio de su libertad está limitado por el ejercicio de los derechos y la libertad de las demás personas.
Sin embargo, la educación cívica constituye para el alumnado un conjunto complejo que abarca, a la vez, la adhesión a unos valores, la adquisición de conocimientos y el aprendizaje de prácticas de participación en la vida pública. Por consiguiente, no cabe considerarla neutra desde el punto de vista ideológico; plantea forzosamente al alumno y a la alumna problemas de conciencia. Para salvaguardar la independencia de ésta, la educación general, desde la infancia y durante toda la vida, debe formar también la capacidad crítica que permite un pensamiento libre y una acción autónoma. La enseñanza general debe ser, por tanto, un proceso de formación del juicio.
Si se busca una relación sinérgica de una democracia participativa, además de preparar a cada individuo para el ejercicio de sus derechos y deberes, conviene recurrir a la educación permanente para edificar una sociedad civil activa que, entre los individuos dispersos y el poder político lejano, permita a todas las personas asumir su parte de responsabilidad en la sociedad al servicio de una autentica solidaridad de destino. La educación de cada ciudadano y ciudadana debe continuar durante toda la vida, para convertirse en un eje de la sociedad civil y de la democracia viva. Se confunde con esta última cuando todos participan en la construcción de una sociedad responsable y solidaria respetuosa de los derechos fundamentales de cada individuo.
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